Autores:
José Alberto López Rafaschieri y Luis Alberto López Rafaschieri
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La remoción del presidente hondureño Manuel Zelaya a través de un pronunciamiento irregular del máximo tribunal de justicia, y del alto mando de las fuerzas armadas de ese país, constituye sin lugar a dudas un golpe de Estado.
Nuestra afirmación se debe a que el mandatario en cuestión fue removido de su cargo por mano militar al presentarse un altercado entre el poder ejecutivo y judicial hondureño, lo que no puede aceptarse en una democracia donde las instituciones estén sometidas a las leyes.
Ya basta que en América Latina los militares actúen como si estuvieran por encima de los demás órganos del Estado, debido a que esta costumbre acondiciona al pueblo a resolver sus problemas de forma violenta y a mantenerse sumiso ante un dictador militar.
No obstante, con la misma propiedad que decimos una cosa decimos la otra. Esta crisis que enfrenta la política hondureña no comenzó el 28 de junio en la madrugada, sino que comenzó desde que el presidente Manuel Zelaya permitió que un gobierno extranjero, en este caso el de Venezuela, se inmiscuyera en los asuntos internos de Honduras y manejara su agenda política a conveniencia de los intereses de Hugo Chávez.
Este control de Zelaya desde Venezuela puede verse en su plan de gobierno, muy parecido por cierto al de Evo Morales y otros títeres de Chávez en la región: rechazo del dialogo con la disidencia, estrangulación del sector privado, ataques a los medios de comunicación independientes, imposición de cadenas obligatorias de radio y televisión de dos horas diarias, confrontación con la Iglesia y demás sectores no-alineados al gobierno, hostilidad hacia Estados Unidos, aspiración de reformar la Constitución para establecer la reelección indefinida del presidente, y otras reformas legislativas que emulan el sistema político izquierdista radical de Chávez.
Es decir, cuando el presidente Manuel Zelaya viola la Constitución de su país al someter los intereses nacionales y la política de Honduras a la conveniencia de un gobierno vecino, provoca una crisis en las instituciones y demás sectores que hacen vida en la política hondureña, obligándolos a reaccionar en contra del establecimiento de un gobierno marioneta en Honduras, dirigido desde Venezuela.
En conclusión, la actitud entreguista de Zelaya no justifica que los sectores que se oponen al intervencionismo de Hugo Chávez en Honduras tumben al presidente por medios que no se aceptan en una democracia, pero si deja claro que el gran responsable de la crisis que enfrenta Honduras es el propio Manuel Zelaya.
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